El gobierno de Javier Milei eliminó el Programa de Fortalecimiento Comunitario, que brindaba subsidios a comunidades indígenas para asesoramiento legal en cuestiones de posesiones de tierras. Esta medida fue tomada a través de la Resolución 8/2025 publicada en el Boletín Oficial y firmada por el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj. Según el gobierno, la decisión se basó en informes de auditoría que señalaron deficiencias en la ejecución del programa, incluyendo la falta de herramientas de registro y sistematización de la información, lo que dificultaba la medición del impacto real de los subsidios otorgados desde su creación.

Esta acción ha sido vista como un enfrentamiento del gobierno con los pueblos originarios, ya que el programa era una de las principales herramientas de apoyo estatal en el marco de la Ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas.