el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, y su par de la UTA, Roberto Fernández. En la tarde de hoy, el Ejecutivo había amenazado con quitarles la personería a los gremios de trenes y colectivos si adherían a la medida de fuerza impulsada por la CGT
El transporte público sufrirá una interrupción total a partir de la medianoche, luego de que Roberto Fernández y el titular de La Fraternidad ratificaran ante la decisión de avanzar con el paro nacional. La medida, que afectará a trenes y colectivos en todo el país -entre otros servicios y transportes públicos-, se produce en respuesta a la reforma laboral propuesta por el Gobierno y en sintonía con la convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT). La determinación gremial se sostiene incluso tras la advertencia oficial que buscó frenar la huelga mediante la amenaza de retirar la personería jurídica a ambos sindicatos.
La tarde estuvo marcada por la escalada de tensión entre el Poder Ejecutivo y los principales gremios del sector transporte. Desde Casa Rosada se emitió una intimación formal dirigida tanto a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) como a La Fraternidad, en la que se instó a “abstenerse de realizar cualquier medida de fuerza que implique la suspensión del servicio”. El documento oficial, según pudo saber este medio, advirtió que el incumplimiento podría derivar en la pérdida de la personería gremial, un instrumento clave para el funcionamiento y la representación legal de las entidades sindicales.
Fernández, al frente de la UTA, y Maturano (La Fraternidad) confirmaron que la decisión de sumarse al paro se mantiene firme. “Este es un paro decretado por la CGT y estamos protegidos legalmente”, aseguraron.
La amenaza de desafiliación gremial por parte del Gobierno representa un hecho excepcional en la historia reciente del país. Hasta el momento, los sindicatos de transporte habían sorteado las advertencias oficiales a través del diálogo o la negociación directa, pero en esta oportunidad la presión no logró frenar la medida. La decisión de continuar con la huelga fue informada a última hora de la tarde, tras una reunión extraordinaria de la conducción de ambos sindicatos.
La medida de fuerza se produce en el marco de un clima sindical convulsionado. La CGT, núcleo de la convocatoria, había oficializado el paro general para el día de mañana en rechazo a la reforma laboral y en repudio a la política económica del Gobierno. Como parte del mismo comunicado, la central obrera vinculó el reciente cierre de la fábrica de neumáticos FATE a lo que describió como “el fracaso del plan económico oficial”. La adhesión de la UTA y La Fraternidad fue interpretada como un respaldo estratégico al plan de lucha definido por la CGT.
La suspensión de los servicios de trenes y colectivos tendrá impacto directo en millones de usuarios. Fuentes del sector estiman que más de nueve millones de personas utilizan diariamente estos medios de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires y las principales ciudades del interior. El cese de actividades se extenderá durante veinticuatro horas y, según confirmaron los gremios, no habrá servicios mínimos ni guardias para casos excepcionales.
Desde el Gobierno, la reacción ante la ratificación del paro fue inmediata. Altos funcionarios hicieron circular la advertencia de que “no se permitirá la extorsión a través de medidas de fuerza ilegítimas”, y recordaron que la personería gremial “no es un derecho absoluto, sino una potestad del Estado”. El Ministerio de Trabajo reiteró que la intimación cuenta con fundamento legal y que se analizarán los pasos a seguir una vez que concluya la jornada de protesta.
La pulseada entre los sindicatos del transporte y el Ejecutivo suma un nuevo capítulo a un escenario de alta conflictividad laboral. Mientras tanto, la CGT mantiene en agenda la posibilidad de convocar a nuevas acciones si no se produce una revisión del proyecto de reforma. Por su parte, la UTA y La Fraternidad anticiparon que “no cederán ante presiones”, y que toda negociación deberá partir del respeto a la representatividad sindical y las condiciones laborales vigentes.