El presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres, y los ministros Nicolás Kreplak y Andrés Larroque, firmaron un convenio para garantizar el acceso sanitario a adolescentes en el sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.

En un paso clave para el abordaje de las problemáticas estructurales del sistema penal juvenil, la Suprema Corte de Justicia de laProvincia de Buenos Aires y el Gobierno provincial formalizaron una alianza estratégica. El presidente del máximo tribunal, Sergio Gabriel Torres, y los ministros Nicolás Kreplak (Salud) y Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), rubricaron un convenio para implementar un Programa Integral de Salud destinado a jóvenes con restricción de libertad.

La iniciativa surge en el marco de una resolución del Tribunal de Casación Penal que analiza las condiciones de habitabilidad y el acceso a derechos fundamentales de los menores en conflicto con la ley penal. El acuerdo establece la creación de una Mesa de Trabajo permanente que funcionará como el corazón operativo del programa.

Este espacio, integrado por representantes de la Corte y ambos ministerios, tiene como funciones principales coordinar acciones sanitarias específicas para los jóvenes alojados en dispositivos del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia; establecer guías médicas interdisciplinarias y un monitoreo continuo de la salud de los internos; garantizar que las intervenciones del Estado no se superpongan y que el seguimiento sanitario sea sostenido en el tiempo.

Para el ministro Andrés Larroque, este esquema permite fortalecer de manera directa la atención en los establecimientos especializados. Por su parte, Nicolás Kreplak subrayó que el convenio formaliza dinámicas de trabajo que ya se venían gestando, dándoles ahora un marco institucional sólido bajo el nombre de “Programa Interjurisdiccional de Acceso a la Salud”.

“Buscamos consolidar un modelo coordinado que asegure condiciones de cuidado y atención integral para una población especialmente vulnerable”, destacaron fuentes oficiales tras la firma.

Con esta firma, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo bonaerense intentan dar una respuesta coordinada a la histórica demanda de mejora en las condiciones de vida y salud dentro del sistema de encierro juvenil, priorizando la prevención y el seguimiento médico como ejes de reinserción social.