El jefe de la bancada libertaria en el Senado, Carlos Curestis, presentó un proyecto para activar la mesa de crisis ante la escalada de delitos violentos. Al pedido se le sumaron reclamos idénticos de la UCR y del bloque Hechos, denunciando que el organismo lleva casi tres décadas sin funcionar plenamente.

En momentos en que la parálisis política mantiene congelado el inicio de las sesiones ordinarias en el Senado bonaerense, la inseguridad unificó la agenda de las principales terminales de la oposición. De esta manera, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Alta formalizó un enérgico reclamo dirigido al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para conformar de manera inmediata una mesa de crisis institucional, exigiendo activar las herramientas legales preexistentes para frenar la escalada delictiva en el territorio provincial.

El presidente de la bancada libertaria, Carlos Curestis, introdujo un proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo a convocar “de manera urgente al Consejo Provincial de Seguridad Pública”. Se trata del organismo multipartidario y multiagencial contemplado originalmente en la Ley 12.154, diseñado específicamente para coordinar las estrategias de prevención y combate del delito entre el Ministerio de Seguridad, a cargo de Javier Alonso, ambas cámaras de la Legislatura bonaerense y los cuadros técnicos especializados en la materia.

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador libertario destacó: “Los bonaerenses están cansados de escuchar diagnósticos sobre la inseguridad. Lo que esperan son decisiones concretas. La Provincia atraviesa una situación crítica, marcada por el crecimiento de los delitos violentos, la expansión del narcotráfico y una creciente sensación de desprotección que afecta a millones de ciudadanos. Se tiene una herramienta institucional creada por ley para coordinar una política seria y nunca la pusieron en funcionamiento de manera efectiva”.

El proyecto argumenta que el Consejo Provincial fue sancionado hace casi tres décadas con la misión de dictar planes de contingencia y diagramar el despliegue territorial de la Policía Bonaerense. Sin embargo, Curestis denunció que el arco político gobernante jamás le otorgó un funcionamiento pleno y permanente, utilizándolo de forma esporádica. Por tal motivo, el bloque de LLA planteó que, antes de debatir reformas estructurales a la Ley de Seguridad Pública, resulta indispensable poner en marcha los dispositivos que ya estan al alcance.

Hay que destacar que la presión libertaria no es un hecho aislado en los pasillos de las cámaras, sino que tiene que ver con expedientes muy similares que acumulan polvo en las comisiones de Seguridad, y que la oposición busca unificar para forzar el tratamiento sobre tablas. En ese sentido, el senador Marcelo Leguizamón (titular de la bancada Hechos) ya había presentado un pliego técnico en el que solicitaba al Ejecutivo la convocatoria inmediata al Consejo para colaborar en la confección de un plan de contingencia criminal. “Es imprescindible que el Estado bonaerense tome un rol activo y urgente ante el temor e incertidumbre de los vecinos”, había destacado el legislador.

Por otro lado, en la Cámara de Diputados, la legisladora radical Alejandra Lordén, acompañada por sus pares de bancada Valentín Miranda y Priscilla Minaard, ingresaron un proyecto de resolución en el que coincidieron en señalar la anomalía de que el Consejo Provincial jamás haya sido dotado de operatividad real por las sucesivas gestiones ministeriales, convirtiendo el reclamo por la mesa de crisis en un fuerte polo de presión opositora en la capital provincial.