El diputado Carlos Puglelli, presidente de la comisión de Seguridad, busca modificar la Ley 13.482 con capacitaciones obligatorias, evaluaciones psicofísicas y el uso exclusivo de dispositivos que no dejen lesiones permanentes.

En un inesperado movimiento de política que promete sacudir la interna de Fuerza Patria y generar ruidos en los despachos ministeriales de La Plata, el Frente Renovador (FR) decidió acelerar a fondo la agenda de la seguridad pública. Así, el diputado provincial Carlos Puglelli, presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara Baja, presentó formalmente un proyecto de ley para incorporar y regularizar el uso de armas no letales en la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa del legislador massista apunta al corazón del andamiaje normativo de las fuerzas de seguridad al proponer la modificación de la Ley 13.482, la norma madre que regula la organización y el funcionamiento de la Bonaerense. A través de la adición de dos nuevos artículos, el proyecto busca saldar una histórica discusión ideológica en el peronismo y dotar a los efectivos de herramientas intermedias en el territorio.

La propuesta de Puglelli no plantea un cheque en blanco para el uso de los dispositivos electrónicos de inmovilización, sino que establece un embudo de exigencias administrativas y técnicas extremadamente riguroso. El articulado determina de forma taxativa que el empleo de estas herramientas quedará habilitado exclusivamente para el personal policial en actividad que haya aprobado capacitaciones técnicas específicas, periódicas y evaluaciones psicofísicas severas dictadas por el Ministerio de Seguridad bonaerense.

El pliego legal conceptualiza detalladamente el armamento pretendido. La norma define a estos dispositivos como herramientas electrónicas o neumáticas diseñadas de forma específica para generar efectos fisiológicos temporales en el organismo humano (incapacitación neuromuscular), con el objeto de neutralizar una amenaza inminente sin provocar de ninguna manera lesiones físicas permanentes ni secuelas letales.

En sus fundamentos, el titular de la comisión de Seguridad retoma antecedentes del plano internacional y se apoya técnicamente en un minucioso informe de auditoría elaborado en marzo pasado por la investigadora Natasa Loizou, especialista en dispositivos electrónicos de control. En este marco, Puglelli argumenta que la denominación de “armas no letales” es jurídicamente más precisa e inclusiva que la de“armas electrónicas”, ya que permite incorporar de forma fáctica innovaciones tecnológicas de propulsión neumática que ya se encuentran amparadas por la legislación nacional (Ley de Armas 20.429).

Consciente de las resistencias que el ala dura del kirchnerismo y los organismos de Derechos Humanos suelen plantear ante estos proyectos, la iniciativa del Frente Renovador introduce una tajante e inédita línea de demarcación doctrinaria. El texto diferencia conceptualmente las herramientas de contacto directo (como la picana eléctrica, asociadas de forma directa a las prácticas de tortura de la dictadura militar, mayor riesgo de abuso y dolor innecesario) de los dispositivos conductores de energía por proyectil a distancia (CED), que operan mediante sondas y priorizan la inmovilización inmediata a varios metros del sospechoso.

Según el diputado Puglelli, las Taser y sus variantes neumáticas vienen a llenar de forma fáctica el peligroso vacío operativo que hoy existe en los mostradores de la calle entre la simple persuasión verbal de un uniformado y el uso extremo del arma de fuego reglamentaria de puño. De esta forma, el proyecto se encuadra de forma estricta en las directrices de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el principio de gradualidad y proporcionalidad en el empleo de la fuerza pública, buscando reducir de forma drástica los índices de letalidad y las lesiones graves en las intervenciones cotidianas del Conurbano.

No obstante, el dictamen advierte que las tecnologías no son inocuas y la ordenanza exigirá un sistema de registro informático inviolable y trazabilidad interna para cada disparo o activación, obligando a auditar las cámaras corporales de los agentes para evitar abusos de autoridad en los patrullajes.