Pliegos judiciales bonaerenses suman doscientos cincuenta nombramientos que enviará el gobernador al Senado

El Senado de la Provincia de Buenos Aires se encuentra a la espera de aproximadamente 250 expedientes vinculados a jueces, fiscales y camaristas que ya superaron su paso por el Tribunal de Cuentas y están en manos del Poder Ejecutivo. Este importante envío de nombramientos busca reducir el déficit de funcionarios en los tribunales del distrito, al tiempo que las cuatro postulaciones orientadas a la Suprema Corte provincial quedarán postergadas, como mínimo, hasta el mes de marzo.
Una vez que los documentos ingresen formalmente a la Cámara alta, la Comisión de Asuntos Constitucionales, liderada por el dirigente de La Cámpora Emmanuel González Santalla y que todavía no sesionó en lo que va del año, tendrá la tarea de abrir el debate para lograr un acuerdo político. El procedimiento contempla la realización de entrevistas a cada candidato para luego avanzar hacia una votación conjunta en el recinto, una dinámica que probablemente se acople a la discusión en torno al presupuesto 2027.
En lo que atañe al Máximo Tribunal provincial, la cobertura de sus cuatro lugares vacantes se demorará hasta marzo como consecuencia de un entendimiento previo que quedó trunco y que impacta de lleno en las negociaciones por el presupuesto. A fines de diciembre del año pasado, el oficialismo había abrochado un pacto durante las tratativas presupuestarias para nombrar a tres magistrados vinculados a sectores peronistas y dejar un cuarto lugar para la Unión Cívica Radical.
De aquellas conversaciones formaron parte Mariano Cascallares y Gabriel Katopodis en nombre de la administración provincial (con la participación telefónica del mandatario), junto con Facundo Tignanelli y Federico Otermín por el kirchnerismo, y Alexis Guerrera por el massismo. Del lado radical asistieron Maximiliano Abad y Diego Garcíarena, estructurando un esquema que establecía el envío de tres pliegos en diciembre de 2025 para aprobarlos junto al presupuesto y el endeudamiento, y un cuarto expediente antes del receso judicial de julio de este año para el sector del radicalismo que encabeza Abad.
Pese a lo convenido, las designaciones jamás fueron mandadas por el gobernador, un escenario que provocó cortocircuitos entre el Poder Legislativo y la administración central, con cuestionamientos tanto de la oposición como del propio peronismo debido a la falta de cumplimiento del acuerdo. En tanto, desde la Casa de Gobierno sostienen que el entendimiento se rompió en enero pasado tras los cuestionamientos públicos que los dirigentes Sergio Berni y Mario Ishii expresaron contra la gestión provincial.
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