Hace días atrás el gobierno de Kicillof giró los documentos que sostienen una reforma en el Régimen Académico Marco de los profesorados de la provincia. Hay cambios importantes en cuanto a las modalidades de cursada, tiempos de examen y otros aspectos ¿y la consulta a la comunidad? te la debo. Los detalles a continuación.

El Régimen Académico Marco (RAM) regula el conjunto de la actividad de los institutos de formación docente. Cómo ingresar, qué documentación presentar, las modalidades de cursada, cuál es el régimen de asistencias para ser regular, que notas son las mínimas para promocionar o para tener derecho al final y un largo etc. Es decir, es un documento de extrema importancia para la vida institucional y su regulación ya sea académica como administrativa. Alberto Sileoni está a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y es el principal funcionario de Kicillof que impulsa esta reforma.

El cambio fundamental es en el régimen de cursada, ya que se instala por primera vez la posibilidad de cursar de manera virtual una cierta cantidad de horas según la materia. Hay materias que tendrán presencialidad plena y otras materias que pueden tener una “presencialidad con propuestas pedagógicas combinadas”, es decir, con espacios de presencialidad combinados con espacios virtuales. Esto por supuesto que no es malo en sí mismo, ahora bien, ante semejante cambio ¿la provincia piensa invertir en infraestructura para que haya mínimamente internet en los institutos de formación docente? Todos sabemos que hoy comprar una PC es más que difícil y más aún con los precios altísimos de las tarifas de internet para los hogares que Milei “liberó” y, al no tener ninguna regulación los precios se están disparando.

Los estudiantes en los profesorados sentimos el tarifazo del transporte y cada vez se hace más complejo ir a cursar por no poder pagar el bondi, sobre esa base tener una PC e internet fijo con los precios en aumento y sin ninguna política de regulación ni del gobierno nacional como del provincial plantear la posibilidad de cursada virtual sin dar respuesta a estos problemas es continuar con la lógica de cursar en la precariedad, con el celular de un hermano, o con el tuyo pero con los pocos datos que uno tiene, ir cargando de a poco, quedarse sin visión por leer materias enteras desde la pantalla de celular y todos problemas que en la pandemia sufrimos.

El problema de la deserción ante el ajuste que estamos sufriendo no se aborda en ninguna parte del documento, ni siquiera para intentar dar respuesta a una situación crítica que vivimos en las cursadas que semana a semana hay algún compañero que deja la materia por no tener laburo, no poder pagar el bondi o por tener que trabajar más porque no alcanza. El documento habla de la necesidad de tener un seguimiento de las diferentes trayectorias educativas, con el espíritu de individualizar cada trayectoria para dar soluciones pero nada se habla de esto y, menos que menos, de las mujeres que son madres y no las dejan cursar con sus hijes ni tampoco abren juegotecas para dar respuesta a este gran problema.

Otro de los cambios que aporta a la expulsión de los estudiantes es que las materias que se cursaron y quedan regulares en vez de tener 5 años para rendir el final ahora se tiene dos años y medio, aspecto que limita la posibilidad de acreditación ya que cada año un estudiante según los planes de estudio actuales tiene que cursar 10 materias o más quedándose con muchísimos finales para rendir y, si no lo hace en dos años y medio pierde la cursada y tiene que volver a empezar.

Nos llamó la atención del RAM propuesto el apartado titulado “carreras a término o ciclo cerrado” que detalla el modo en que se acreditará en caso de que la carrera cierre en el instituto. Aspecto que en el antiguo RAM nunca estuvo explícito ¿para qué se están preparando las autoridades de la DGCyE de la PBA para dejar explicitado un accionar ante el cierre de una carrera?

Ninguno de los cambios que desarrollamos en estas líneas fueron en consulta con la comunidad educativa que sostiene día a día la educación en los institutos. Los cambios lo escribieron los funcionarios del gobierno de Kicillof, mandan los documentos para que se intercambien en jornadas institucionales pero ya elaborados y cerrados.

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El gobierno de Kicillof llama a movilizar contra la Ley Bases de Milei este miércoles 12, con un discurso en oposición al gobierno nacional, pero al mismo tiempo, en los hechos, viene administrando el ajuste que propone Milei en territorio bonaerense, aplicando los tarifazos en el transporte, en los alimentos e incluso ni siquiera propone algún tipo de regulación a las empresas de telefonía móvil e internet que serán claves con esta reforma educativa. Mientras el ajuste avanza, el peronismo está sumido en una interna entre diferentes candidatos como Kicillof, que están con cabeza electoral para el 2027 en el marco de que la pobreza está ya en el 60% en los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires. El presupuesto educativo viene a la baja hace años y con estas reformas sigue sin elevarse, siendo uno de los reclamos históricos de docentes, estudiantes y familias que transitan las escuelas e institutos públicos y que están cada vez más deteriorados. Además, los docentes tienen que trabajar doble o triple cargo porque el sueldo no alcanza, precarizando aún más la educación con docentes en los institutos sobreexigidos.

En las jornadas institucionales que se darán en estos días creemos importante plantear estos problemas. Que las jornadas se transformen en espacios asamblearios, en donde docentes y estudiantes podamos intercambiar, debatir y votar los cambios que realmente necesitamos. Tenemos la fuerza para poner en pie al movimiento estudiantil de la provincia de Buenos Aires, lo demostramos en la histórica marcha del 23, que torció el brazo a unos de los ataques a la educación del gobierno de Milei. Hay que discutir una reforma educativa, junto con un aumento de presupuesto y repensar los contenidos entre docentes, estudiantes y familias, para que la educación pueda estar al servicio de los intereses de los trabajadores y las mayorías populares.