sábado, julio 13

Axel Kicillof y el dilema con el RIGI

La política para la industria de Javier Milei pone a prueba al Gobierno bonaerense en un contexto de crisis económica. Los condicionamientos para las inversiones y la disputa política en el medio

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se encuentra contenido en la Ley Bases, abre un nuevo capítulo en la disputa política que mantienen Javier Milei y Axel Kicillof. La orientación que propone el Presidente en torno al desarrollo industrial choca directamente con las perspectivas del gobernador bonaerense. Una discusión que expresa diferencias ideológicas con multinacionales al acecho y pymes muy preocupadas.

“Sin el RIGI no hay GNL”, sentenció el presidente de YPF, Horacio Marín, en un mensaje direccionado a Kicillof que generó polémica. El misil apuntó a la planta de gas natural licuado que proyectan construir YPF y Petronas  para potenciar la exportación del gas de Vaca Muerta, y que está en disputa entres las provincias de Buenos Aires y Río Negro.

En respuesta, Kicillof salió a defender la planta en Bahía, dijo que había una normativa provincial en marcha que otorgaba beneficios para su instalación, sin necesidad del RIGI. Esquivó pronunciarse acerca de si la Provincia adherirá o no, ya que la Ley Bases aún no está promulgada, pero criticó duramente al régimen de incentivo y advirtió que puede generar más juicios de fondos buitre como el sufrido por YPF. Un funcionario le aseguró a La Tecla que lo de Marín era “un planteo extorsionador del Gobierno nacional”. Fastidiado, contó que evaluarán los pasos a seguir.

El oportunismo de La Libertad Avanza y PRO-Libertad en la Legislatura estuvo a la orden del día y rápidamente sentaron postura con la presentación de un proyecto de declaración con el objetivo de que la Provincia adhiera al RIGI, aún cuando ni siqueira está reglamentado. Los opositores marcaron “la imperiosa necesidad de que el Poder Ejecutivo provincial adhiera” en medio del “peor contexto socioeconómico de la historia de la provincia de Buenos Aires”. En igual sentido actuó el bloque de Juntos en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, ciudad que puja por quedarse con la estación de GNL. 

Petronas ya tenía prácticamente todo acordado para asentarse en Bahía Blanca, donde viene poniendo dinero desde hace tiempo. El año pasado el puerto bahiense recibió inversiones por más de 20 millones de dólares semanales para infraestructura y estudios de factibilidad, porque además de la comapañía malaya tiene proyectos de otras empresas petroleras y gasíferas como Oldelval, Tecpetrol y la misma YPF, entre otras.  El RIGI ahora duplica los beneficios que de antemano tenían esas iniciativas, y si no hay seguridad jurídica sobre la conservación de esas ventajas las empresas buscarán destinos en los que sí estén asegurados. Y las provincias del sur se los darán. 

Las presiones que recibirá Kicillof para sumarse a la Ley Bases trascienden la rosca política. Las grandes firmas con asiento en el territorio querrán que adhiera. Consultado por La Tecla sobre si la Provincia debe tomar ese camino, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, respondió: “La invitación a la adhesión de las jurisdicciones subnacionales al régimen es fundamentalmente para garantizar estabilidad fiscal provincial a los proyectos, pero no cambia la naturaleza de los incentivos garantizados por la Ley Bases. Por otro lado, la decisión respecto a la adhesión o no a una Ley Nacional es de la Legislatura, no del Ejecutivo. Más allá de esto, desde el Gobierno provincial tenemos el firme compromiso de promover el desarrollo de inversiones que generen un impacto económico, productivo y social positivo en nuestro territorio”.

Costa dejó en claro la oposición a la política económica de Milei y al RIGI, y pronosticó que “es posible que en el corto plazo las provincias que poseen los recursos naturales que buscan ser explotados puedan beneficiarse en términos de mayores ingresos vía regalías o algún impacto acotado en el empleo local. Sin embargo, las condiciones establecidas en cuanto a la estabilidad fiscal y aduanera por 30 años tendrá un impacto muy negativo en nuestro país que difícilmente pueda ser revertido”. 

Especialistas en el tema expresaron que “si la Provincia adhiere se compromete a cumplir con lo establecido en la ley o sea que queda condicionada”. Y señalaron que “si no lo hace es más una cuestión política que económica porque de última adhiere y luego ve si cumple, como pasó con los Consensos Fiscales, en los que algunas cosas quedaron sólo en buenas intenciones”.

También se estima que las jurisdicciones estaduales van a dejar de percibir Ingresos Brutos y resignarán el 10 por ciento del Impuesto a las Ganancias. Y los municipios perderán Seguridad e Higiene Industrial, y la parte que se coparticipa del impuesto al débito y al crédito se van a resentir por los beneficios que tendrán quienes entren en el RIGI.

Inquieta la caída de la actividad. “Me preocupa la situación económica, social, el nivel de empleo. Es acuciante a nivel de economía real. La situación de la actividad en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires es absolutamente preocupante”, sentenció  otro integrante del gabinete.

Hay incertidumbre por lo que va a pasar en la economía argentina en los próximos meses y eso hace que, en este caso la provincia de Buenos Aires no pueda siquiera tener la plena seguridad de que contará con los recursos para cubrir sus obligaciones básicas. Por caso los sueldos de los empleados, que para el Gobierno son prioridad, pero insumen gran parte de un presupuesto cada vez más ajustado por falta de recursos nacionales y caída en la recaudación, ya sea por Coparticipación o de la devenuida de impuestos provinciales. 

Insisten cerca de Kicillof en que parece difícil que en este contexto el gobierno nacional siga resistiendo y, en post del déficit cero, continúe ahogando a todos los sectores y a las provincias. Hay quienes aseguran que es una crisis económica que no encuentra piso, por más que algunas actividades menores hayan mostrado un repunte en el último mes. “No veo que haya una claridad respecto al piso, ni veo que haya algún indicio de que por acá se puede empezar”, graficó un miembro del Ejecutivo. 

En declaraciones a Radio Provincia, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo que “beneficia muy poco a la Argentina porque cuando analizás el contenido del RIGI, básicamente son incentivos y excepciones impositivas para grandísimos proyectos de inversión, muchos de los cuales ya estaban previstos y que habían avanzado en la instalación”.

“Le estamos dando subsidios, esa palabra maldita para la derecha, de manera directa o indirecta a grandes empresas transnacionales con grandes proyectos de inversión y no se les exige casi nada a cambio. Ni que generen una gran cantidad de mano de obra en el país, ni que aporten las divisas tan necesarias para el desarrollo nacional, ni que hagan un desarrollo de proveedores en gran escala, ni que desarrollen tecnologías en nuestro país como históricamente hicieron las leyes de inversión extranjera directa vigentes en la Argentina”, detalló. “Lamentablemente es eso, un régimen que le regala plata a grandes inversores que vienen a llevarse mucha plata y no les exige nada”, aseveró Bianco.

En el mientras tanto, entre infinitas reuniones interminables con el lobby empresarial en la primera línea, el distrito de San Nicolás fue noticia la semana pasada. Es que Sidersa invertirá US$ 300 millones para instalar otra planta en esa localidad. El Ministerio de Economía de la Nación emitió un comunicado en el detalló que “US$100 millones serán destinados a la tecnología importada y US$200 millones a producción nacional”. 

La cartera que conduce Luis “Toto” Caputo expresó que “está en línea con el RIGI” y que permitirá “abastecer al mercado con insumos, como el hierro de construcción, indispensables para la producción nacional y la generación de exportaciones”. En esa línea, adelantaron que “también se estiman exportaciones del 30% de la producción, en función de la demanda local, que equivalen a US$100 millones anuales”.

Además, la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) presentó una iniciativa ante el Ministerio de Economía para invertir US$ 700 millones en la ampliación de transporte de un ducto que conecta Vaca Muerta con Buenos Aires. Se trata de un proyecto alternativo a la idea del Gobierno de licitar el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner.

Los compromisos que asumen las jurisdicciones con la adhesión

El título VII de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos es el que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En el artículo 163 se declara que las inversiones que se concreten son de interés nacional. Y dictamina que “sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación como las provincias, por sí y por sus municipios, que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”.Mientras, el inciso b del artículo 186 determina que sobre las cargas tributarias provinciales y municipales “no podrán alcanzarse con ningún tributo local las operaciones, transferencias, ventas, locaciones, prestaciones ni ninguna otra relación económica entre el VPU (Vehículo de Proyecto Único) y sus miembros. Cualquier imposición en tal sentido será considerada como una violación a lo establecido en el artículo 163 de esta ley”.El inciso c del art 193 agrega que “no podrán alcanzarse con ningún otro impuesto nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni municipal las operaciones, actos o relaciones económicas entre la sociedad y la Sucursal Especial”.Es el artículo 222 el que invita a las provincias y a los municipios a adherir al RIGI en todos sus términos y condiciones. Mientras que en el punto 123 se establece que quienes adhieran “no podrán imponer a los VPU nuevos gravámenes locales, salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados. A los efectos del presente régimen, se entenderá que existe un nuevo gravamen local cuando se cree un nuevo hecho imponible respecto de los existentes al 31 de diciembre de 2023 o, asimismo, cuando se modifique el hecho imponible, la base imponible, la alícuota, las deducciones, las exenciones y/o desgravaciones y/o cualquier otro aspecto de los tributos existentes a dicha fecha, que en los hechos implique una mayor carga fiscal”. En el caso de tasas retributivas por servicios prestados “no podrán exceder el costo específico del servicio efectivamente prestado a los sujetos individualmente considerados. Se entenderá que una tasa excede el costo específico del servicio efectivamente prestado cuando su base imponible se determine sobre la base de ventas, ingresos brutos, ganancias o parámetros análogos. Cualquier incumplimiento a lo mencionado en el presente artículo será considerado como una violación a lo establecido en el artículo 163”.Por otra parte, en el artículo 235, se invita a las jurisdicciones a “dictar las normas que resulten necesarias para el establecimiento de procedimientos congruentes con los propósitos de esta ley”. Es decir que se les recomiendan que acompañen con medidas impositivas propias que alienten grandes inversiones.INVITADAS A ADHERIR
Los condicionantes que impone a las provincias el Paquete Fiscal El Paquete Fiscal recientemente aprobado por el Senado, y que lleva como título “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, tiene algunos artículos en los que invita a adherir a las provincias, y en los que apunta a reducir las cargas tributarias que le competen a cada una de las jurisdicciones, empujándolas a establecer exenciones impositivas de los tributos como Ingresos Brutos, Inmobiliario, Sellos. Esos beneficios pueden ser tanto con la exención del impuesto como reducción de alícuota.Por caso, en el artículo 49, sobre tributos provinciales, la normativa invita a las provincias y a los municipios a “adherir al Régimen de Regularización de Activos, adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones”.En tanto, en uno de los párrafos del extenso artículo 110 dice: “Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a disponer mediante el dictado de la normativa local correspondiente, mecanismos y/o parámetros objetivos que permitan que los sujetos que asuman la calidad de contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -locales y/o comprendidos en las normas del Convenio Multilateral- queden excluidos de la Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra SIRTAC u otro sistema de recaudación local similar sobre Tarjetas de Crédito y Compra, cuando la sumatoria de operaciones informadas, por los agentes de retención del referido Sistema de Recaudación, no excedan el importe que, a tales efectos, las jurisdicciones dispongan”.La Ley Fiscal también modifica el artículo 22, del Título IV, Capítulo VI de la Ley 24.196 (sobre inversiones mineras), estableciendo que las provincias que adhieran y que perciban regalías o decidan percibir, “no podrán cobrar un porcentaje superior al cinco por ciento (5%) sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído”.