Por El Decano
Mientras miles de trabajadores rurales viven en condiciones de extrema pobreza y abandono, una trama
mafiosa con olor a poder, impunidad y corrupción opera detrás de una de las obras sociales más grandes del
país: OSPRERA, la Obra Social de los Peones Rurales.
La situación de OSPRERA llegó al límite de la decadencia institucional. Según denuncias documentadas y
grabaciones internas, el propio Secretario General de UATRE, José Voytenco, estaría al frente de un
entramado de desvío de fondos, servicios fantasmas y negocios millonarios personales a espaldas de los
afiliados.
En sedes sindicales se observaron cámaras de seguridad destruidas para encubrir reuniones y maniobras
con empresarios de seguros de vida y sepelios, quienes formarían parte del esquema. ¿El objetivo?
Manipular los fondos de OSPRERA para fines privados.
Los trabajadores rurales, especialmente en el norte del país, no tienen cobertura médica, no reciben
medicamentos ni atención, y hasta se les niegan servicios funerarios cuando un afiliado muere. Mientras
tanto, el secretario general de UATRE, viaja en aviones privados, vive en countries de lujo y preside también
el RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales), desde donde canaliza más negocios.
Uno de los balances filtrados muestra ingresos por $2.621.000.000 en seguros de sepelio… y egresos por
$2.618.000.000 en el mismo ítem. Una coincidencia que huele a lavado y que en dólares ronda los 21
millones.
En la memoria oficial RE-2023-134384708-APN-DGD#MT del Ministerio de Trabajo no hay una sola línea
que explique el caos en OSPRERA. La burocracia del silencio parece proteger a los responsables.
También surgieron diálogos con el dirigente Lule Menem, operador político cercano a Karina Milei, hermana
del presidente. ¿Hay protección política desde lo más alto? ¿Está OSPRERA blindada por el nuevo
oficialismo?
Miles de trabajadores reclaman por guardapolvos escolares, medicamentos, sepelios y simplemente no
obtienen respuesta. Las clínicas cortan convenios, los médicos no cobran, y los afiliados mueren en la
miseria, mientras el sindicato sigue cobrando todos los meses.
¿Dónde está la justicia? ¿Por qué el Ministerio de Trabajo no actúa? ¿Qué negocios unen a estos dirigentes
con el poder político nacional?
Este no es solo un caso de corrupción sindical. Es una condena a muerte para miles de trabajadores.
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