El Ejecutivo buscará lograr durante la extensión del período de sesiones extraordinarias, o en el inicio de las ordinarias, la sanción de la iniciativa que vienen reclamando los grandes empresarios, las PyMes y el FMI. El rol de los mandatarios de Provincias Unidas.

La aprobación de la ley de Presupuesto y la forma en que se sancionó en el Senado llegaron como un bálsamo para Javier Milei, luego del duro golpe que recibió en la cámara de Diputados cuando cayó el polémico capítulo 11 que derogaba las leyes de financiamiento universitario y emergencia para discapacidades.

Después del enojo inicial y la amenaza de tener un tercer año de gobierno sin presupuesto, en la Casa Rosada predominó el pragmatismo, sobre todo por los mensajes que llegaban desde el FMI, Washington y los eventuales inversores externos.

Quieren, como siempre, previsibilidad en la administración libertaria y que las normas que regulen la economía argentina se impongan por leyes y no por vetos.

En ese sentido, los números del senado fueron muy favorables para el gobierno. En general, se aprobó con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención.

Y el polémico artículo 30 que recortaba fondos de educación, ciencia y tecnología no estuvo tan lejos: 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones.

“Es un hecho histórico” opinó Milei, quien también manifestó su satisfacción por la otra ley que se aprobó, la de Inocencia Fiscal, por la cual se quiere incentivar a sacar los dólares del colchón. “Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre”, sostuvo con optimismo el jefe de Estado.

El pragmatismo estuvo a la orden del día para aprobar estas dos leyes. Fueron testigos el ministro del Interior, Diego Santilli, Karina Milei, los Menem (Adrián y Lule) y hasta el asesor Santiago Caputo.

Negociaron voto a voto con legisladores y gobernadores abiertos al diálogo, sobre todo si le garantizaban fondos para sus cajas previsionales provinciales y otros ingresos que necesitaban con urgencia.

Envalentonado con lo ocurrido en el Senado, Milei va ahora por una tarea que no será para nada sencilla: lograr en febrero, durante la extensión del período de sesiones extraordinarias o en el inicio de las ordinarias en marzo, la sanción de la ley de Modernización Laboral, que puede ser una forma distinta de llamar a la flexibilización laboral que vienen reclamando los grandes empresarios y las PyMes, puertas adentro, y el FMI en el exterior.

No será una tarea para nada fácil. Milei ya tuvo que retroceder en su intento de lograr la media sanción antes de fin de año. Los votos no estaban.

La Casa Rosada está dispuesta a enfrentar la defensa de los actuales derechos laborales que ejercerán la CGT, el PJ/kirchnerismo y los gobernadores peronistas más combativos.

La clave pasa por los mandatarios provinciales aliados o dialoguistas, entre los que hay peronistas, radicales y del PRO.

Si bien están dispuestos a apoyar una reforma laboral, no quieren que se barran indiscriminadamente derechos de los trabajadores.

En el caso de la ley de presupuesto, aceptaron que se votara por capítulos y no por artículos, para evitar que cayeran normas que el gobierno consideraba importantes. El límite fue el ya famoso capítulo 11.

Pero en el tema laboral, por ahora quieren discutir artículo por artículo en aquellos capítulos que puedan generar un duro golpe para los trabajadores.

Habrá que seguir, por ejemplo, el comportamiento de los gobernadores de Provincias Unidas. Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy), ya han mostrado dureza cuando vieron afectados los intereses de su provincia.

Por su parte, hay otro grupo que suele tener una muy buena musculatura a la hora de negociar con el gobierno nacional pero que también ponen reparos en la reforma laboral. Se trata de Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta).

En cuanto a Axel Kicillof, el presidente Milei sabe que será el principal opositor en una provincia donde el propio gobernador, junto a la mayoría de los intendentes peronistas, le disputan el liderazgo a Cristina Kirchner y La Cámpora.

Es precisamente en Buenos Aires dónde se apoyará la CGT con su nueva conducción. No los asusta poner en marcha un plan de lucha con movilizaciones o paros, pero saben que, con el actual clima social y político, les puede dar poco resultado.

En definitiva, Milei va por la reforma laboral con un final todavía incierto en el Congreso.