La Justicia realizó más de una docena de procedimientos tras las denuncias del Municipio, y ahora investigan estafas y desobediencia en la comercialización de terrenos en zonas rurales protegidas.

Este miércoles ciudad de La Plata fue escenario de un megaoperativo policial y judicial destinado a desarticular una presunta red de comercialización de loteos ilegales. Bajo las órdenes del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y la jueza de Garantías Marcela Garmendia, la DDI local allanó oficinas de ocho sociedades, entre las que se encuentran desarrolladoras, inmobiliarias de renombre y escribanías del casco urbano.

La causa se originó a partir de una denuncia penal impulsada por la Municipalidad de La Plata, que en octubre de 2024 puso bajo la lupa más de 400 barrios habilitados irregularmente. Los investigadores buscan determinar si existió un esquema de estafa y desobediencia, donde empresas privadas habrían vendido parcelas en áreas rurales donde la normativa vigente prohíbe terminantemente cualquier tipo de urbanización.

Entre los puntos allanados figuran las oficinas de las desarrolladoras Grupo Del Sud, Grupo Futuro y Four Capital S.A., además de las inmobiliarias Century 21, Veimar y Urquiza. Según se pudo saber, los procedimientos también alcanzaron a dos conocidas escribanías ubicadas en el centro platense. En cada lugar, la Justicia ordenó el secuestro de teléfonos, computadoras, material publicitario de venta y toda documentación notarial que permita reconstruir el circuito de comercialización de los terrenos.

La investigación se centra específicamente en emprendimientos promocionados como Barrio Bella Vista, Barrio El Paraíso y el loteo Los Pinares, en la localidad de Melchor Romero. Según las fuentes judiciales, se sospecha que las ventas se realizaron mediante promesas que no se ajustaban a la realidad dominial y técnica de los inmuebles, engañando a los compradores que buscaban cumplir el sueño de la casa propia en sectores de la zona oeste y noroeste del distrito.

Cabe destacar que el golpe judicial es la derivación de una serie de clausuras municipales realizadas a principios de año, y de varias denuncias de los vecinos presentadas ante los medios. Hay que remarcar que, el año pasado, Buenos Aires Noticia había informado que más de 1.000 familias fueron perjudicadas por la empresa Desarrollos Delsud, que les vendió lotes en desarrollos urbanos sin las autorizaciones, gestiones y obras correspondientes.

Ahora, la Justicia busca ahora establecer el grado de responsabilidad de cada actor (desde el desarrollador hasta el escribano interviniente) en un esquema que afecta tanto el ordenamiento territorial de la capital bonaerense como el patrimonio de cientos de vecinos damnificados.