Un nuevo decreto en la Ciudad otorga preferencia a residentes de CABA en turnos y vacantes de todas las áreas estatales.

La tensión entre el Gobierno de la Ciudad y la gestión de Axel Kicillof escaló a niveles máximos tras la firma del decreto N°142-26. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, formalizó la ampliación de la “prioridad porteña”, un esquema que garantiza que los residentes de CABA tengan ventaja en el acceso a turnos, cupos y vacantes en cualquier dependencia de la administración pública porteña.

Si bien el criterio ya se aplicaba en Salud, ahora se extiende a la totalidad del Estado local. Desde la Ciudad argumentan que buscan “poner fin a una injusticia“, priorizando a quienes tributan en el distrito. La medida exceptúa urgencias médicas y seguridad, pero refuerza el reclamo para que la Provincia se haga cargo de sus residentes, especialmente en lo que respecta a personas en situación de calle.

La réplica bonaerense no se hizo esperar y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, lanzó una crítica feroz contra la administración de Macri, calificando la medida como “una política fascista, demagoga y de fortaleza con los débiles”.

Bianco recordó que la Ciudad es la capital de todos los argentinos y que su infraestructura fue costeada con recursos nacionales. “Si van a aplicar un criterio discriminatorio, que sea para todos“, deslizó el ministro, sugiriendo que la Provincia podría reclamar compensaciones fiscales por el valor que generan los millones de bonaerenses que trabajan diariamente en territorio porteño.

El conflicto pone en duda la convivencia del área metropolitana. Mientras Macri insiste en que los porteños no pueden seguir financiando la demanda de otras jurisdicciones, Bianco sostiene que la Ciudad intenta “distraer” de sus propios problemas de gestión urbana con una estrategia de confrontación directa.

Cabe destacar que la “prioridad” no rige para guardias hospitalarias, ni operativos de seguridad. En ese marco, CABA afirma haber realizado 30 millones de prestaciones en 2025 bajo este esquema.

Esta nueva barrera administrativa amenaza con judicializarse y promete ser el eje de una disputa política que divide aguas en el corazón del país.