En medio de un contexto económico complejo, volvió a instalarse un debate que expone una de las tensiones más profundas de la Argentina actual: la situación de las personas con discapacidad que perciben una pensión y, al mismo tiempo, intentan insertarse en el mundo laboral.

La discusión surge a partir de la posibilidad de restringir o quitar beneficios a quienes, aun con limitaciones, logran acceder a un ingreso propio. Para muchos, no se trata solo de una cuestión administrativa o fiscal, sino de una señal clara sobre dónde se aplican los ajustes y a quiénes impactan primero.

Detrás de los números y las resoluciones, aparece una realidad concreta: la pensión por discapacidad, en la mayoría de los casos, es baja y no alcanza para cubrir necesidades básicas. Lejos de representar un privilegio, funciona como un complemento indispensable. Por eso, cuando una persona logra conseguir trabajo, no está dejando de necesitar esa ayuda, sino intentando sostenerse con mayor dignidad.

Sin embargo, la lógica que comienza a discutirse parece ir en sentido contrario: en lugar de incentivar la inclusión laboral sin perder derechos, se plantea un esquema donde trabajar puede convertirse en un riesgo. Es decir, quien intenta progresar podría terminar perdiendo el único respaldo que tenía.

Ahí es donde muchos sienten que “no los tienen en cuenta”. No como consigna, sino como experiencia cotidiana.

Este tipo de medidas reaviva una percepción que atraviesa distintos sectores sociales: que el esfuerzo de ajuste suele recaer con mayor fuerza sobre los más vulnerables. Mientras tanto, otros niveles del poder político y económico parecen quedar al margen de ese mismo rigor.

La idea de “las dos Argentinas” vuelve a aparecer, no ya como una discusión ideológica clásica, sino como una brecha concreta entre quienes tienen margen para resistir decisiones económicas y quienes no. En ese escenario, las personas con discapacidad ocupan uno de los lugares más frágiles.

El trasfondo del debate no es menor. No se trata solo de una pensión, sino del modelo de inclusión que se quiere construir: uno que acompañe los procesos de autonomía o uno que, indirectamente, los desaliente.

En un país atravesado por crisis recurrentes, la pregunta que queda flotando es siempre la misma: ¿sobre quiénes se aplican realmente los costos del ajuste?

Para muchos, la respuesta vuelve a repetirse. Y por eso, la frase que da título a esta nota no suena exagerada, sino tristemente familiar:

“No nos tienen en cuenta.”