El proyecto actualiza las causales previstas en la normativa nacional de 1988, refuerza la inversión de la carga probatoria en sede judicial para proteger a las víctimas y amplía las políticas públicas de prevención.

La Cámara de Diputados dio sanción a un proyecto de ley impulsado por el vicepresidente 1° del cuerpo, Alexis Guerrera, para reforzar el combate a todo tipo de discriminación en la provincia de Buenos Aires, como así también dar celeridad en materia de justicia ante actos de ese tipo y reforzar las políticas públicas para prevenir los hechos.

Se trata de una propuesta que actualiza la Ley Nacional Antidiscriminación, que fue sancionada en 1988, pero a la vez permite a la Provincia contar con su propia normativa en materia de protección de derechos.

En el marco de la sesión ordinaria, Guerrera expuso que la iniciativa se sustenta “por el contexto político y social que está viviendo nuestro país, donde existe una bajada política innegable que busca naturalizar la discriminación y el señalamiento de cualquier condición humana y el negacionismo”.

“Estoy seguro también de que quienes hoy ejercen la crueldad como manual de estilo para hacer política saben que la crueldad solo engendra odio y resignación. Desde ese punto de partida no se puede construir nada”, expuso el referente del Frente Renovador en el recinto.

El proyecto, que ahora pasará a ser debatido en el Senado, agregó diversos ítems a considerar al evaluar actos discriminatorios que no estaban contemplados en la norma nacional como color de piel o etnia; el origen nacional y origen social de nacimiento; la situación migratoria; la lengua o idioma, como así también la edad, el estado civil, situación o responsabilidad familiar; el trabajo u ocupación, condiciones de discapacidad o de salud, el perfil genético; la situación penal o antecedentes penales, además de los hábitos personales, sociales o culturales.

Un punto central de la propuesta tiene que ver con el facto judicial. Es que muchos de los problemas que presentan los actos de discriminación que producen personas particulares tienen dificultad en la probatoria. Así, a partir de la sanción de esta ley sólo corresponderá a la parte actora la prueba de los hechos denunciados y, a su vez, corresponderá a la parte demandada aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de la conducta y el carácter no discriminatorio de la misma.

Así, una vez acreditado el hecho que se denuncia, y dada la pertenencia de quien demanda a un grupo históricamente discriminado, se presumirá la existencia de un acto discriminatorio, y tal presunción podrá desvirtuarse demostrando la razonabilidad y legitimidad de la acción u omisión, tal como lo marca la jurisprudencia. De esta manera, se busca proteger a la víctima recayendo sobre la parte demandada demostrar que no hubo vulneración de derecho a la igualdad de trato y discriminación.

“Todos sabemos lo que ocurre hoy con las denuncias por discriminación. Frente a la violación de estos derechos, los organismos competentes suelen tratarlos como derechos de segunda categoría y se archivan porque nadie tiene la obligación específica de investigarlos, con víctimas a las que se les exige probar lo imposible. El resultado es un círculo perverso: el derecho existe en el papel, pero su vulneración queda impune, y esa impunidad enseña a la sociedad que discriminar no tiene consecuencias”, expuso el diputado.

En su discurso, Guerrera lamentó que actualmente “hay un sector de la política argentina que viene militando fuerte para poner al racismo o la discriminación de moda” y que “lo dicen en sus redes sin sonrojarse, lo dicen a micrófono abierto sin escuchar que posteriormente se retracten”. Por eso, sentenció: “No quiero ser cómplice de esto. Nos puede salir muy caro como sociedad. Lo podemos lamentar por años. Las peores persecuciones o segregaciones, incluso, empezaron con un mínimo detalle, con una discriminación aceptada, con un silencio complaciente”.

En su análisis, sumó que la propuesta “también viene a dar un mensaje político: en la Provincia no podemos tolerar que se naturalice el destrato, la humillación” y aseveró: “No lo queremos para este presente ni para ningún futuro”.

“Estamos frente a una oportunidad histórica. Las peores persecuciones y segregaciones de la historia empezaron con un mínimo detalle: con una discriminación aceptada, con un silencio complaciente. No quiero ser cómplice de eso. No me pienso resignar a aceptar que discriminar, señalar al otro o burlarse de las diferencias sean cuestiones destacables”, cerró.