El desenlace de este caso y las investigaciones abiertas al ex presidente, en medio de la lucha política por el liderazgo del MAS y de cara a las elecciones presidenciales del 2025, podrían tener implicaciones profundas para el panorama político del país
El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, se encuentra en el centro de un nuevo escándalo judicial tras conocerse que es investigado por la supuesta violación de una menor y un caso de trata de personas que habría ocurrido hace ocho años, cuando aún ejercía la Presidencia.
La investigación fue confirmada este jueves por el ministro de Justicia, César Siles, quien detalló que la víctima habría tenido una hija con Morales, según consta en el certificado de nacimiento. El caso, que ya ha causado destituciones y denuncias de persecución política, se desarrolla en medio de la creciente disputa interna por el liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS) entre el actual mandatario, Luis Arce, y el ex presidente, quien desea postularse a las elecciones de 2025 pese a las restricciones constitucionales.
“Producto de esa violación, la madre engendró otra niña y el padre reconocido en un certificado de nacimiento es el señor Evo Morales Ayma”, afirmó Siles durante una rueda de prensa en La Paz. Según el funcionario, el proceso sigue en curso y la víctima tenía entre 15 y 16 años en el momento de los hechos.
La declaración del ministro ha generado una serie de reacciones en el país andino, avivando las tensiones entre las facciones afines a Morales y al presidente Luis Arce, en plena competencia por la candidatura presidencial del MAS de cara a las elecciones de 2025.
Destituciones y acusaciones
El escándalo en torno a Morales se destapó el miércoles en la noche, cuando la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció que fue destituida por haberse negado a frenar la investigación en contra de Morales. La fiscal aseguró que, tras pedir una orden de aprehensión para el ex mandatario, recibió la instrucción de cesar la causa por parte de su superior, el fiscal general Juan Lanchipa. Poco después de su destitución, un tribunal de Santa Cruz anuló la orden de captura, aduciendo irregularidades procesales.
“Se me pidió que deje el caso de la manera más grosera, y como no lo hice, he recibido mi destitución”, declaró Gutiérrez a la prensa.
La ex fiscal manifestó que la decisión de apartarla de la investigación fue una maniobra para proteger a Morales. Por su parte, el fiscal Lanchipa negó haber frenado el proceso y justificó la salida de Gutiérrez por “errores procedimentales” y “conducta negligente”. Lanchipa fue designado como fiscal general en 2018 por la mayoría parlamentaria del MAS y, desde entonces, su gestión ha estado bajo la lupa por presunta parcialidad a favor del partido oficialista.
Reacciones en el entorno de Morales
Desde su bastión en el Chapare, en el centro de Bolivia, Morales respondió a la denuncia a través de su cuenta en la red social X: “No me extraña ni me preocupa. Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”.
El líder indígena, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, se encuentra refugiado en la región cocalera, donde es protegido por campesinos y sus seguidores más cercanos. Según su ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, se han movilizado “vigilantes” y “guardaespaldas” para evitar cualquier intento de aprehensión.
“Desde el sábado han llegado a la zona efectivos militares y policiales para la captura de Morales, lo que motivó que sus seguidores decidan protegerlo”, afirmó Romero. Agregó que Morales enfrenta al menos cinco procesos judiciales activados por el gobierno en las últimas dos semanas, incluyendo uno en Tarija por trata y tráfico de personas.
La defensa del ex mandatario sostiene que todos estos casos responden a una “clara persecución política” impulsada por Luis Arce, con el objetivo de apartarlo de la contienda política y debilitar su posición de cara a los comicios de 2025.
Aumento de la polarización entre el oficialismo y la oposición
El presidente Arce calificó el caso de “sumamente delicado” y manifestó su intención de solicitar que se declare en reserva para evitar que se politice y proteger a la supuesta víctima.
“Nuestro Gobierno se identifica mucho con los niños. No estamos de acuerdo con este tipo de situaciones y no puede ser que nadie salga impune cuando hay una investigación y se encuentre la culpabilidad correspondiente, sea quien sea”, dijo el mandatario en un breve contacto con la prensa en Santa Cruz.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, también se pronunció y cuestionó la actuación de Lanchipa al destituir a los fiscales involucrados. Del Castillo reveló que su despacho investiga tres casos adicionales de supuesta violación que involucran a Morales y que no se descarta la presentación de más denuncias en el futuro.
“Estamos investigando, recibiendo denuncias de manera formal e informal. Haremos lo que esté en nuestras manos y, si existen elementos de convicción, vamos a pedir las sanciones correspondientes”, aseveró el ministro.
El trasfondo político
La ruptura entre Morales y Arce ha fragmentado al MAS, que hasta hace poco se mostraba como una fuerza política cohesionada. Morales, quien en su momento impulsó la candidatura de Arce, ha acusado al actual presidente de deslealtad y de gobernar con un estilo “neoliberal”.
La pugna por el control del partido se ha recrudecido en los últimos meses, y ambos líderes luchan por la nominación presidencial para 2025, en un ambiente de desconfianza y acusaciones mutuas.
La oposición, por su parte, ha calificado el proceso judicial como un “circo” y una “farsa” creada para desviar la atención de los problemas internos del MAS. “¿Realmente piensan que Evo Morales va a ir preso?”, ironizó la senadora opositora Andrea Barrientos en su cuenta de X, insinuando que el líder indígena sigue contando con protección en las esferas del poder.
Futuro incierto para Morales y el MAS
El desenlace de este caso y las investigaciones abiertas en su contra podrían tener implicaciones profundas para el panorama político boliviano. Mientras tanto, la anulación de la orden de aprehensión y la solicitud de declarar el proceso en reserva añaden más incertidumbre sobre el futuro judicial de Morales, quien ha reiterado su intención de postularse nuevamente para la presidencia en 2025.
La tensión dentro del MAS continúa creciendo, con un Evo Morales que se muestra desafiante ante las acusaciones y un gobierno de Arce que insiste en la imparcialidad de las investigaciones. En este escenario, el desenlace de la pugna interna definirá no solo el liderazgo del partido, sino también el destino de Bolivia en los próximos años.