Un trágico episodio ocurrido en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, derivó en una causa judicial que busca esclarecer los sucesos registrados durante la hora previa a un estallido fatal. El hecho, que causó el fallecimiento de una persona y heridas a otras treinta, tuvo lugar el viernes 13 de noviembre en medio de tareas destinadas a renovar la red de distribución de gas. La investigación apunta a dilucidar el grado de responsabilidad que le cabe a Metrogas, a la compañía subcontratada para las obras y a la entidad estatal encargada de auditar la seguridad del servicio público.

El expediente judicial, encabezado por la fiscal Yanina Estévez, se centra en el lapso de 68 minutos transcurridos desde el daño inicial en el conducto hasta la detonación. La rotura del tubo de media presión sucedió cerca de las 9:44 en las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, cuando una tuneladora operada por la firma Exgadet impactó contra la infraestructura. Aunque el servicio interno de la distribuidora fue alertado de inmediato, el sistema de emergencias del municipio recién tomó conocimiento a las 10:52, momento exacto en el que se produjo el estallido que destruyó varios locales comerciales.

Desde el ámbito municipal, el director de Defensa Civil, Claudio Arale, cuestionó duramente a los operarios por no haber dado aviso a las autoridades locales desde el primer instante. Según su testimonio, personal comunal se acercó al sitio antes del desastre, pero la cuadrilla les aseguró que la situación estaba bajo control, lo que privó a los vecinos de una evacuación preventiva. En contraposición, la compañía prestadora indicó, a través de su director de Asuntos Corporativos, Alejandro Di Lázzaro, que un técnico arribó al lugar a las 10:04 para evaluar el panorama y que se cumplieron de forma estricta los pasos previstos para este tipo de contingencias.

Las primeras diligencias ordenadas por la Unidad Funcional de Instrucción N.º 6 incluyeron el traslado preventivo de dos empleados jerárquicos de la empresa de gas para realizar tareas de identificación. Asimismo, la pesquisa deberá determinar si existieron fallas operativas por parte de Exgadet y evaluar el cumplimiento de las normativas vigentes. El incidente puso además el foco sobre el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, cuya cúpula se encuentra acéfala desde la renuncia de su anterior titular el 1 de junio de 2026, quedando transitoriamente bajo la órbita de su vicepresidente, Vicente Serra.

En paralelo al proceso judicial, diversas voces reclamaron medidas urgentes y resarcimientos para los damnificados. Pedro Bussetti, referente de la entidad Defensa de Usuarios y Consumidores, calificó lo sucedido como una omisión grave y exigió respuestas tanto a la prestataria como al Estado nacional. Los cuestionamientos políticos y sociales ocurren en un momento clave para la compañía, que abastece a unos 2,5 millones de clientes y acordó recientemente con el Gobierno prorrogar su concesión hasta diciembre de 2047, un convenio que contempla inversiones millonarias y se vincula con la venta de la participación mayoritaria de YPF a Edenor.