La Justicia determinó que el Gobierno local violó la ley al no responder un pedido de informes ambiental y el fallo advierte que, durante el juicio, el municipio presentó un reporte “viejo” del año 2022 para intentar justificar su silencio.

La gestión del intendente Pablo Garate sufrió un duro traspié institucional luego de que el Juzgado Correccional local resolviera que la Municipalidad incumplió su obligación legal de informar sobre el estado del agua y la red de cañerías en el distrito. La sentencia, firmada por el juez Gabriel Giuliani, deja al descubierto la resistencia oficial a brindar datos de interés público ambiental.

Acorde a lo publicado por el medio Cronos Noticias, el fallo es contundente: el municipio no solo ignoró el plazo legal de 30 días para responder, sino que, una vez iniciado el proceso judicial, intentó cumplir con la demanda de forma “extemporánea” y utilizando un informe desactualizado correspondiente a la gestión anterior.