El Concejo Deliberante convalidó un proyecto de origen libertario para realizar exámenes toxicológicos voluntarios a los ediles, pero la normativa excluye de los controles al jefe comunal del PRO y a sus funcionarios de confianza.

El Concejo Deliberante de Campana se transformó en el escenario de una encendida controversia tras la aprobación de un proyecto de ordenanza que establece la realización de exámenes toxicológicos para los integrantes del cuerpo legislativo. La iniciativa, diseñada y presentada por el edil de libertario Maximiliano Corio, tiene como propósito declarado garantizar la transparencia, idoneidad e integridad ética en el ejercicio de la función pública a nivel local. Sin embargo, la votación reavivó una fuerte interna con la bancada peronista de Fuerza Patria, que denunció que la norma fue confeccionada a la medida del oficialismo para dejar a salvo de los controles al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con lo especificado por el autor de la propuesta, los narcotest se llevarán a cabo con una modalidad de carácter voluntario. El cronograma prevé que los funcionarios del Honorable Concejo Deliberante se sometan a las pruebas al momento de asumir formalmente sus cargos y, posteriormente, deban revalidar el test de forma anual.

El texto de la normativa aprobada detalla de forma taxativa el espectro de estupefacientes que se buscará identificar en los análisis clínicos. Los exámenes estarán calibrados para detectar de forma precisa la presencia de sustancias psicoactivas que no cuenten con una prescripción extendida por un profesional de la salud matriculado, incluyendo la cocaína y sus componentes derivados, la marihuana y sustancias derivadas, los opiáceos de diversa índole, y las anfetaminas, metanfetaminas, alucinógenos y diversas drogas de diseño o sintéticas.

En ese marco, para asegurar la validez de los resultados y el resguardo de las identidades de los involucrados, las prácticas bioquímicas se centralizarán en las instalaciones del Hospital Municipal del distrito y se ejecutarán bajo un estricto protocolo de confidencialidad médica.

Cabe destacar que, inmediatamente después de consolidada la votación en el recinto, el bloque opositor Fuerza Patria salió a cuestionar con extrema dureza el alcance definitivo del texto legislativo. Desde la bancada peronista apuntaron contra el oficialismo local y dispararon sin rodeos: “La casta del intendente Sebastián Abella (PRO) impidió que éste se someta a los controles toxicológicos para protegerlo”.

La furia de la oposición radica en que el articulado final de la ordenanza excluye explícitamente de la obligación tanto al jefe comunal de Juntos por el Cambio como a todo el gabinete de secretarios y funcionarios que componen la estructura jerárquica del Departamento Ejecutivo. Para Fuerza Patria, esta omisión no hace más que “alimentar sospechas sobre la verdadera transparencia del Ejecutivo”.

En este sentido, los ediles opositores argumentaron que el intendente y su equipo de colaboradores directos concentran las responsabilidades de mayor peso institucional en la administración civil del partido, dado que tienen bajo su firma y tutela diaria la gestión de cientos de actos administrativos y el diseño de las políticas públicas que impactan en toda la comunidad. Así, la bancada concluyó advirtiendo que “al negarse a someterse a estos controles, Abella genera un manto de dudas y sospechas que, lejos de ayudar, impactan negativamente contra la gestión”.