El fiscal federal Ramiro González impulsó la causa en la que se investigan irregularidades en el proceso de liquidación y acreditación de haberes, 645 acreditaciones indebidas por casi $1.000 millones. El funcionario busca determinar quiénes modificaron los archivos enviados al Banco Nación y cómo funcionaba el mecanismo de pagos. Un ex jefe del Departamento Revista admitió las maniobras.

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La investigación por los pagos irregulares detectados en la Armada Argentina sumó un nuevo capítulo: el fiscal pidió un peritaje informático para reconstruir cómo fueron modificados los archivos utilizados para ordenar las acreditaciones y determinar quiénes pudieron intervenir en esas operaciones. El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

suscribirse ya estoy suscripto La medida apunta a establecer qué ocurrió entre el momento en que los haberes eran liquidados por los sistemas de la Armada y la posterior transmisión de los archivos al Banco Nación. También se solicitó la declaración de un testigo para avanzar sobre el funcionamiento del mecanismo.

Informate más Defensa: la mudanza del Comando de Ciberdefensa deja degradado el escudo digital Beller declarará desde Bolivia y la Justicia podría acceder a nuevos audios La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la propia Armada, que detectó 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto de $981.148.567,88. Esas personas serán investigadas.

“Sobre la base de los elementos reunidos hasta el momento, el objeto de la presente investigación estará dirigido a determinar las circunstancias en que se habrían producido las modificaciones de los registros y archivos utilizados para la acreditación de haberes de la Armada Argentina entre julio de 2022 y enero de 2026, establecer quién o quiénes habrían intervenido en su generación, modificación, control y transmisión al Banco de la Nación Argentina, así como precisar el mecanismo mediante el cual se habrían incorporado acreditaciones sin respaldo en las liquidaciones aprobadas.

Asimismo, deberá determinarse el perjuicio patrimonial ocasionado al Estado Nacional y el grado de participación que pudiera corresponder a las personas beneficiarias, funcionarios, agentes o terceros que hubieran intervenido en la maniobra”, sostuvo el fiscal Ramiro González en su requerimiento de instrucción para impulsar la causa. Además, imputó a un capitán de navío contador y a otras 23 personas.