A través del Decreto 322/26, la Agencia de Administración de Bienes del Estado autorizó la enajenación de más de 20 inmuebles ociosos en todo el país, y en territorio bonaerense, los predios afectados superan los 290 mil metros cuadrados.

Con la publicación del Decreto 322/26 en el Boletín Oficial, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) aceleró su plan de desprendimiento de activos fiscales. La medida oficializa la venta de 21 inmuebles en todo el país tras declararlos “innecesarios” u “ociosos“, de los cuales 11 se encuentran localizados en la provincia de Buenos Aires.

La normativa argumenta que la medida busca “eficientizar el rol del Estado“, un día después del lanzamiento del Plan ARMA, el programa del Ejecutivo nacional que destinará el 10% de lo recaudado por privatizaciones al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en la administración provincial encendió las alarmas, ya que consideran que se trata de un desguace de los bienes públicos.

Los 11 predios bonaerenses listos para su enajenación totalizan una superficie muy significativa, especialmente en zonas de ramales ferroviarios y antiguas dependencias. Entre los puntos más destacados se encuentran:

• Tres Arroyos: La estación de Barrow (Línea Roca) comprende más de 50 mil metros cuadrados divididos en 5 parcelas.
• Daireaux: Dos terrenos pertenecientes a la Estación Mouras (localidad de Salazar) que suman casi 85 mil metros cuadrados.

• Pergamino: Predios de la estación Mariano H. Alfonzo (Línea Mitre) que superan los 43 mil metros cuadrados.
• Tres de Febrero: Un amplio predio de 112 mil metros cuadrados en Pablo Podestá, ubicado entre la avenida Márquez y el Camino de Cintura, donde funcionaba un estacionamiento para camiones.

Hay que destacar que desde el gobierno de Axel Kicillof miran con extrema preocupación el avance del Ejecutivo nacional sobre el suelo bonaerense, y consideran que la liquidación de estos predios afecta el patrimonio estratégico y logístico de la Provincia.

Por esta razón, desde el Ejecutivo provincial evalúan estrategias para interceder y tomar el control de los terrenos, argumentando que muchos de ellos podrían ser utilizados para desarrollos productivos, habitacionales o de infraestructura local antes de quedar en manos privadas.